De acuerdo con la Contraloría General, el 2 de Agosto del 2002, el Ministerio de Hacienda, suscribió junto a Carbocol e Intercol un documento de cesión de derechos, mediante el cual esta última entidad aceptaba pagar a favor del Gobierno, el porcentaje de las utilidades operacionales en forma y términos que para el efecto establezca éste.
El 28 de Octubre de 2011 el Ministerio de Hacienda, solicitó extinguir los derechos y obligaciones de pago derivadas de créditos y presupuesto y acuerdos de pago suscritos con Carbocol.
Así mismo el 27 del 2001 el Ministerio de Hacienda, en representación de la Nación, suscribió el acuerdo de pago con Carbocol por $ 1,982.953 millones, correspondientes a las obligaciones liquidadas al 30 de Junio de 2001, estableciendo como forma de pago el abono directo en la Dirección General del Tesoro Nacional.
Para dar cumplimiento a este acuerdo, la cláusula tercera determino, la cesión a favor de la Nación de los derechos que resulten por concepto del 5 %, de las utilidades operacionales anuales el documento de modificación del contrato de asociación celebrado entre Carbocol e Intercol.
El 18 de Enero de 1999 Carbones de Colombia S.A, Carbocol, empresa industrial y comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Minas y Energía, suscribió con Internacional Colombia Resources Corporation, Intercor, en la actualidad El Cerrejón, el documento de modificación de contrato de asociación para la explotación del carbón del área norte del Cerrejón.
La cláusula seis del citado documento estableció las contraprestaciones adicionales a cargo de Intercor, como otra contraprestación a favor de Carbocol, el cinco por ciento del valor de las utilidades operacionales anuales, obtenidas a partir del 26 de Febrero de 2009 hasta el 26 de Febrero del 2034.
Por ello fue que el Gobierno el 28 de Octubre de 2011, solicitó extinguir los derechos y obligaciones de pago derivadas de créditos y presupuesto y acuerdos de pago suscritos con Carbocol.
La Contraloría de la República, advierte que los hechos evidenciados ponen en riesgo el patrimonio público de la Nación, por la extinción de los derechos y/o condonación de obligaciones en el balance general de la Nación.
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