Piden a Gobierno reglamentaciones para controlar situaciones que ponen en riesgo viabilidad de proyectos mineros

En el marco del Congreso Nacional de Minería denominado “La sostenibilidad es lo que nos une”, que se lleva a cabo en la ciudad de Cartagena, el presidente de Drummond y del Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), José Miguel Linares, agradeció al Gobierno el hecho de que esté trabajando en varios proyectos de vital importancia para el sector.

Explicó que uno de estos proyectos tiene que ver con una de las mayores preocupaciones que los mineros tienen: “veníamos expresando desde hace tiempo y se refiere al impacto que tuvo la reducción de los recursos de regalías para los municipios productores. Desde nuestra perspectiva, este ha sido uno de los factores que ha contribuido a la proliferación de mecanismos como consultas populares o acuerdos municipales, que buscan frenar la minería, y en general las industrias extractivas. En ese sentido, es realmente importante la iniciativa que tomó el Gobierno de presentar ante el Congreso el acto legislativo que reforma el sistema general de regalías y que busca que los municipios productores vuelvan a tener un importante porcentaje de recursos, entre el 30% y el 50%. Esto les permitirá sacar adelante los proyectos más sensibles para lograr su desarrollo en términos de infraestructura, salud y educación, entre otros temas. Además, la propuesta se plantea de forma tal que no se afecten los recursos destinados a los municipios no productores”.

El ejecutivo recordó que las regalías crecieron 20% en 2018 y llegaron a $2,5 billones, la cifra más alta que se haya registrado por este concepto.

También reconoció los importantes incentivos que hizo el Gobierno a través de la Ley de Financiamiento, esto, para aliviar gradualmente la carga tributaria de las empresas.

Linares hizo un llamado al Gobierno Nacional a la ACM y a otros gremios para sacar a delante una ley de Consulta Previa que permita tener reglas de juego claras tanto para las empresas como para las comunidades étnicas.

Del mismo modo, habló de otros retos grandes en materia de regulaciones, que según él, de no hacerse, seguirían generando decisiones judiciales que pondrían en riesgo el crecimiento y la viabilidad de los proyectos mineros.

La primera es la Ley de Concurrencia: “La Corte Constitucional en sentencia reciente, si bien reiteró que “las entidades territoriales no cuentan con competencia absoluta sobre los recursos del subsuelo, ni tampoco poder de veto respecto a la realización de actividades para la explotación del subsuelo y de Recursos Naturales No Renovables”, impuso el reto mayúsculo de avanzar en la elaboración y posterior trámite de una iniciativa legislativa que concrete la Coordinación y Concurrencia de la Nación y el Territorio.

Es fundamental que esta iniciativa resuelva la tensión que existe entre la autonomía territorial y el estado unitario, mediante la implementación de nuevos instrumentos que atiendan el interés general, las necesidades específicas de este importante sector y garantice los postulados constitucionales antes mencionados.  Esta ley debe conllevar a la consolidación de la convergencia de actividades diversas en el territorio que permitan a Colombia avanzar por la verdadera senda del desarrollo sostenible y la construcción del país”, explicó.

También argumentó que es necesario hacer la ley para contrarrestar la explotación ilícita de minerales: “La labor del Gobierno y autoridades, tales como la Brigada contra la minería ilegal y la Fiscalía, ha sido evidente. Para potenciar su esfuerzo debemos brindar el marco jurídico que permita diferenciar con claridad los mineros ancestrales y tradicionales o pequeños, de las estructuras delincuenciales que están cooptando nuestra actividad, por la alta rentabilidad que representa y porque está afectando de manera irreparable las finanzas, el medio ambiente y las comunidades”, dijo el directivo.

De otro lado, manifestó que es necesario que la protesta social tenga una adecuada reglamentación. “si bien quienes protestan deben tener garantizados todos sus derechos, también tienen unas responsabilidades frente a terceros que pueden ser afectados por las manifestaciones, y quienes también tienen derechos que deben ser respetados” indicó.

Finalmente, recalcó que estas reglamentaciones que se expidan sobre temas que impactan directamente a la industria minera no deben interpretarse como vulneración a los derechos de las comunidades.

 

 

 

 

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