Consejo de Estado mantuvo suspendidas las actividades de Fracking en Colombia

 

Este martes, el Consejo de Estado mantuvo las medidas cautelares que suspendieron el uso del fracking Colombia. 

La decisión se tomó incluso luego de  las recomendaciones realizadas por las comisiones de expertos acerca de la implementación de los Proyectos Pilotos de Investigación Integral PPII’s.

Es de recordar que el Gobierno radicó un recurso de súplica ante el alto tribunal para que se revisara esta medida que frena el uso de la tecnología de fragmentación hidráulica (fracking) en el país.

La decisión la tomó la sala plena de la sección tercera del Consejo de Estado en la cual participaron tres conjueces previamente designados para el efecto. 

“El proyecto fue derrotado, razón por la cual el expedienté pasa a la magistrada que sigue en orden alfabético sigue en turno para preparar u nuevo proyecto de decisión”, dice el fallo.

En el proyecto de providencia sometido a análisis de la Sala se propuso revocar la medida cautelar teniendo en cuenta que los argumentos de la demanda controvierten en su integralidad los actos demandados, por permitir la técnica de las exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales mediante fracturación hidráulica.
 
El proyecto de auto sostiene que la demanda está dirigida contra dos actos administrativos que no establecen dicha forma de exploración y explotación, pues se limitan a indicar las medidas generales a las cuales deben sujetarse varios tipos de exploración y explotación de yacimientos no convencionales.
 
Además, dice el proyecto, que la decisión de prohibir dicha forma de exploración y explotación de recursos naturales o renovables está reservada al legislador, de acuerdo a la Constitución y este no ha tomado tal determinación; por el contrario, en los dos últimos planes de desarrollo aprobados por el Congreso se hace referencia a este tipo de actividad.
 
En tal virtud, dice el texto, el juez administrativo no es competente para examinar esta función legislativa y no debe pronunciarse sobre este tema. El principio de precaución debe ser aplicado por el juez cuando está decidiendo el establecimiento de una actividad; cuando se tiene conocimiento de los riesgos que esa actividad genera, el principio en juego es el principio de prevención.
 
Para que el juez administrativo anule o suspenda la regulación técnica de una actividad en la que se adoptan las medidas dentro de las cuales ella debe desarrollarse, es necesario que el demandante demuestre plenamente que la regulación es inadecuada, acreditando que sus supuestos de hechos no son ciertos o probando que las medidas que se adoptan son técnicamente inadmisibles o claramente insuficientes.
 
En el expediente no obran dictámenes periciales que demuestren lo anterior; el demandante solamente presentó las opiniones de quienes están en desacuerdo con esta técnica y una observación de la Contraloría con base en la cual no pueden darse por probados los anteriores supuestos.