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Grupo EPM reveló que en 2016 sus ganancias fueron de $1,86 billones, lo que representa un crecimiento de 85% frente a las utilidades generadas en 2015. Los activos totales ascendieron a $43 billones, con un crecimiento del 2%, y el patrimonio a $20 billones, con un crecimiento del 6%.

Adicionalmente, la empresa manifestó que durante el año pasado alcanzó ingresos por $15,85 billones, lo que significó un crecimiento del 14% frente al mismo período del año 2015. El Ebitda fue de $4 billones, 12% por encima al reportado en 2015.

Así las cosas, Jorge Londoño, gerente general de EPM, afirmó que “para 2017 las transferencias al Municipio de Medellín serán de $1 billón, lo que significa que cuando gana EPM la que gana es la ciudad y sus habitantes, porque hay más recursos para el desarrollo y los programas sociales”.

 

La compañía resaltó que en 2016 invirtió $3,86 billones, donde destacó que en el proyecto hidroeléctrico Ituango invirtió $1,3 billones, en proyecto Nueva Esperanza $84.526 millones, en la línea de transmisión Bello-Guayabal-Ancón $65.434 millones, entre otros.

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Ganancias de EPM crecieron 85%, la compañía le transferirá a la ciudad de Medellín $1 billón.

Tras conocer la medida adoptada por la Superintendencia de Servicios Públicos de liquidar a Electricaribe, Gas Natural Fenosa, que es dueño de esta empresa, informó que demandará al Gobierno Colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), El cual hace parte del Banco Mundial.

Mediante comunicado la compañía manifestó que la decisión de liquidar Electricaribe “es contraria al espíritu de profundización de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Colombia conforme al Acuerdo de Libre Comercio e impacta negativamente en el clima requerido para que se produzcan los flujos de inversión internacional”, además agrega que la medida es “claramente un paso en la dirección opuesta a los principios que preconiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la que Colombia es candidata a la adhesión.

La compañía española resaltó la “Sorprende la falta de importancia que la Superintendencia, que dictamina la liquidación, atribuye al gravísimo problema de la morosidad y el fraude”, donde destacó que, en ese sentido, Electricaribe arrastra una deuda de sus clientes que sobrepasa los $1.300 millones de euros y fraudes por importe cuyo valor supera los 100 millones de euros anuales.

Adicionalmente, la empresa resaltó que “ya se vio obligada a desconsolidar su participación en Electricaribe reclasificándola, por exigencias de la normativa contable, como activo financiero por su valor contable de 475 millones de euros. Obviamente, la reclamación internacional se hará por la totalidad de su justo valor de mercado, que es muy superior”.

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Gas Natural demandará a Colombia por Electricaribe, reclamación superaría los €475 millones.

Este lunes, la Superintendencia de Servicios Públicos informó que ordenó la liquidación de Electricaribe debido a que la empresa no está en condiciones de prestar el servicio de energía con la calidad y continuidad que se requieren en la Costa.

El gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, celebró la noticia e indicó: “Estamos felices en el Caribe sabiendo que esta pesadilla tiene un final, que se va a liquidar una empresa que no nos ofrece ni energía que nos merecemos ni nos ofrece la atención que nos merecemos”, agregó que “hay todos los argumentos necesarios que se convertían en una realidad de que esta empresa tenía que ser liquidada, y bueno, ahora vamos a trabajar en equipo para acompañar al Gobierno Nacional y que podamos tener la llegada de un nuevo operador con conocimiento, experticia y musculo financiero que nos garantice el servicio de energía eléctrica que nos merecemos”.

El gobernador expresó que más de 7 millones de habitantes del Caribe fueron afectados por la mala prestación del servicio de energía de Electricaribe.

Dumek resaltó que hay muchas compañías que podrían estar interesadas en prestar el servicio de energía en el Caribe, dentro de las cuales destacó a EPM y señaló que ojalá la EEB también participara, entre otras empresas públicas que puedan asumir ese servicio en la región. Agregó que “ojalá la ley Antimonopolio se pueda modificar para que nos llegue los mejor. Nosotros lo que queremos es un mejor servicio”.

 

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Este lunes la Superintendencia de Sociedades informó que el próximo 31 de marzo vence el plazo para que las grandes empresas de los sectores TIC, industria, farmacéutico, constructor y minero-energético pongan en marcha sus programas de ética empresarial para prevenir el delito de soborno transnacional.

Según el ente de control, las sanciones para las compañías que sean condenadas por soborno transnacional pueden llegar a los 200.000 salarios mínimos y conducir a la inhabilidad para contratar con el Estado por 20 años.

“Las grandes compañías deben comprometerse a prevenir las conductas de soborno transnacional y están obligadas a cumplir con las nuevas normas. Sin embargo, invitamos también a las demás sociedades a que se unan al esfuerzo anticorrupción y fortalezcan sus exigencias en materia de ética empresarial”, aseguró el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar.

De acuerdo con la Resolución 100-002657 de 2016 estas son las compañías obligadas a cumplir la nueva regulación:

* Empresas de la construcción, industria manufacturera o minería y energía con activos e ingresos brutos por más de 150.000 salarios mínimos legales (SML) y de 2.000 empleados directos o más.

* Empresas del sector de Tecnologías de la Información y la comunicación con activos e ingresos brutos por más de 500.000 SML y una planta de 1.000 empleados directos o más.

* Empresas farmacéuticas con más de 75.000 SML en activos e ingresos brutos y una planta de más de 2.000 empleados directos o más. 

Los criterios para definir quiénes están obligados a implementar los programas de ética que ordena la Ley 1778 de 2016 tuvieron en cuenta cuáles son los sectores con mayor incidencia de la corrupción, según las mediciones internacionales en esa materia.

Al respecto el superintendente Reyes Villamizar recalcó que estudios realizados por diversos centros de investigación sostienen que los actos de corrupción cuestan alrededor del 5% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial.

La Superrintendencia destacó que con la implementación de la Ley 1778 Colombia avanza en la agenda para ser aceptada como miembro pleno de la Ocde.

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31 de marzo, vence plazo para que grandes empresas implementen programas antisoborno.

XM, compañía filial de Interconexión Eléctrica, ISA, operador del Sistema Interconectado Nacional y administrador del Mercado de Energía Mayorista de Colombia, reveló que el nivel agregado de los embalses de generación de energía, con corte a 28 de febrero de 2017, se ubicó en el 55% de su volumen útil, trece puntos por debajo del nivel registrado al cierre de enero, el cual fue de 68%.

La compañía añadió que los aportes hídricos durante el segundo mes de este año, presentaron un comportamiento inferior a la mediana histórica, ubicándose en el 84% de la misma, déficit que fue generalizado en las diferentes regiones del país, exceptuando la región Oriente que cerró en 115%.

Finalmente, XM señaló que al mirar la composición de los tipos de generación para febrero, el 78% correspondió a energía hidráulica, el 17% a energía generada con recursos térmicos y el 5% a generación de plantas menores y cogeneradores.

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En febrero, nivel de los embalses de energía continuó cayendo. Con corte a 28 de febrero de 2017, el nivel agregado de los embalses se ubicó en el 55% de su vida útil.

Luego de que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que pidió un informe sobre el proceso de licitación del proyecto Hidroeléctrico de Ituango, Hidroituango, el cual ganó el consorcio CCC Ituango. Empresas Públicas de Medellín (EPM) emitió un comunicado expresando que el contrato adjudicado a este consorcio, integrado por las firmas Correa Camargo -empresa vinculada a casos de sobornos a funcionarios de Perú para quedarse con contratos en ese país- Conconcreto y Coninsa-Ramón H fue realizado en línea con todo lo establecido por la ley.

Según la empresa, “el contrato adjudicado a este consorcio (CCC Ituango) es el resultado de una licitación pública internacional, que contó con pluralidad de oferentes y con el acompañamiento en acción preventiva de la Procuraduría General de la Nación”.

La compañía agregó que se rige bajo una política de “cero tolerancia” al fraude, la corrupción y los sobornos. “En este sentido, la organización rechaza todo aquello que se aleje del cumplimiento de la ley, la ética y el propósito superior de servicio a la comunidad” afrimó.

EPM afirmó que puso y pondrá a disposición de las autoridades toda la información necesaria sobre sobre este proceso y sobre cualquier relación con el consorcio CCC Ituango y otras obras en las que haya tomado parte la firma Camargo Correa.

Finalmente, la compañía colombiana manifestó que el proyecto hidroeléctrico Ituango, que actualmente desarrolla la empresa en el Noroccidente de Antioquia, avanza en cumplimiento de obras y presupuesto, para entrar en operación en diciembre de 2018. Añadió, que este proyecto ya alcanza un 66% en sus obras.

 

 

 

 

 

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La entidad de control manifestó que ordenó distintas medidas por captación ilegal de recursos en contra de los principales generadores de la cartera de libranzas que Elite Intenational Americas vendía a inversionistas.

Las medidas implican el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y derechos de propiedad de las sociedades Credimed del Caribe S.A.S, Corporación Aliada para el Desarrollo Integral de los Trabajadores al Servicio del Estado Corposer e Inversiones Alejandro Jiménez AJ S.A.S que conjuntamente generaban el 58% de la cartera. También queda bajo embargo el patrimonio de 17 personas naturales y seis sociedades entre las que se encuentran tres firmas de revisoría fiscal.

Adicionalmente la Superintendencia expresó que solicitará a la Dian información sobre las declaraciones de renta de los intervenidos para los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

Vale la pena recordar que la comercializadora Elite International Americas se encuentra en proceso de liquidación por haber captado recursos del público de manera ilegal.

 

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Por captación ilegal, Supersociedades interviene a generadores de cartera de Elite Intenational Americas S.A.S.

La entidad hizo un llamado a todos los ciudadanos para que no se dejen engañar de las falsas sociedades multinivel, que supuestamente llegaron al país y, que prometen inversiones en diamantes, pero en realidad son captadoras ilegales de recursos.

La SuperSociedades acalró que “a la fecha no existe en el país ninguna sociedad o sucursal de sociedad extranjera registrada como empresa multinivel que esté autorizada para la compraventa de piedras preciosas”.

El ente de control resaltó que sus investigadores encontraron material promocional en el que estas falsas compañías prometen rentabilidades mínimas de 5% semanal y 250% anual, esto, “sin mover un solo músculo”.

El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, recordó que las personas naturales no pueden actuar como compañías multinivel, ni como representantes comerciales de esta clase de sociedades extranjeras. Además, agregó que para que una sociedad funcione como multinivel, la compensación o beneficio económico que decida pagar al vendedor independiente, debe corresponder proporcionalmente a sus ventas y no ser entregado por el solo hecho de vincular nuevas personas a la red comercial.

Finalmente, la Superintendencia afirmó que quienes promuevan o promocionen por cualquier medio, esquemas que resulten en la captación masiva y habitual de recursos del público sin autorización legal serán responsables penal y civilmente por sus actuaciones

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SuperSociedades alerta sobre captadoras ilegales que prometen inversiones en diamantes y rentabilidades de 250%.