Macroeconomía

Los representantes del Gobierno Nacional y de las organizaciones sindicales del sector público con asiento en la Mesa de negociación estatal tras dos meses de deliberaciones lograron llegar a un acuerdo laboral tanto en materia de incremento salarial como en temas relativos a plantas de personal, carrera administrativa y garantías sindicales.

“Luego de analizar diversos factores presupuestales, el Gobierno Nacional y representantes de los sindicatos acordaron un aumento salarial del orden del 4.5% para este año y del 1.32% por encima del índice de precios al consumidor (IPC) para 2020. Dicho incremento es el más alto desde que comenzó a funcionar este espacio de negociación laboral a partir de 2013”, señaló el presidente de la República, Iván Duque Márquez.

De igual forma, “hubo consenso en cuanto al fortalecimiento de la carrera administrativa, formalización laboral, garantías sindicales y bienestar para los servidores públicos. Se acordó el fortalecimiento por parte del Estado de la actividad sindical, para lo cual se contemplan garantías en materia de capacitación y afiliación”, añadió el Mandatario de los Colombianos.

En Colombia, un servidor público gana mensualmente en promedio $2.806.870, sin contemplar las primas y las prestaciones de ley que se recibe anualmente, según información suministrada por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Se avanzó también en la integración de una comisión con representantes tanto del Gobierno Nacional como de los sindicatos para que en el lapso de 30 días se elabore una política pública de protección a los dirigentes sindicales, sobre todo a los que se encuentran actualmente amenazados.

“Durante el lapso que duró la negociación del pliego presentado por las organizaciones sindicales se concretaron cinco acuerdos que recogen 133 peticiones planteadas en las 11 mesas sectoriales que se instalaron para desarrollar las deliberaciones”, aseguró la ministra del Trabajo Alicia Arango Olmos.

Los acuerdos laborales que se lograron en esta negociación y el incremento salarial que se adoptó impactarán a 1.198.834 empleados que están vinculados al sector público.

La ministra Arango Olmos, destacó el ánimo de la dirigencia sindical por llegar a consensos con el Gobierno y dijo que esta negociación “fue armónica con unas deliberaciones dinámicas que permitieron abordar con facilidad todos los puntos” contemplados en el pliego de peticiones. Ello muestra, agregó la funcionaria, que el Diálogo Social es una herramienta eficaz que permite enriquecer el debate para la construcción de acuerdos. 

En representación del Gobierno Nacional actuaron durante las deliberaciones de la Mesa estatal de negociación el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Por los sindicatos intervinieron representantes de la CUT, la CGT, la CTC, Únete, CSPC, UTC, CTU y CNT.

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Gobierno firmó aumento salarial de empleados públicos de 4,5% para 2019

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) Paz, liderado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, aprobó este viernes $109 mil millones de regalías para financiar 26 proyectos de inversión por un valor total de $110 mil millones.

Fue una jornada de discusión en la cual participaron el viceministro general de Hacienda Juan Alberto Londoño, el alto consejero para la Estabilización Emilio Archila, el gobernador de Bolívar Dumek Turbay, el gobernador de Quindío Carlos Osorio, el alcalde de Uribe, Meta Jaime Pacheco y representantes de otras entidades estatales, que sirvió para dar cierre a la convocatoria n° 1 de 2018 cuyo cupo asignado ascendía a $511 millones.

“Los recursos provienen principalmente de la Asignación para la Paz del Sistema General de Regalías y beneficiarán a 11 departamentos y más de 37 municipios del país, de los cuales14 son priorizados por el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) y 5 más pertenecen a las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac)” explicó el viceministro general de Hacienda, Juan Alberto Londoño.

Durante la reunión fueron aprobados $66 mil millones que se destinarán a la financiación de 14 proyectos en infraestructura de vías terciarias ($50 mil millones), tres proyectos para garantizar el servicio básico de acueducto y alcantarillado ($9.9 mil millones) y dos proyectos para la electrificación en zonas rurales ($6.8 mil millones), beneficiando a más de 256.212 colombianos.

Otros $41.162 mil millones, provenientes de los saldos no utilizados del Fondo de Ciencia y Tecnología (FCTI), se invertirán en cinco proyectos para mejorar la infraestructura vial en los departamentos de Cauca, Guainía, Norte de Santander y Vichada. 

Los restantes $2 mil millones, provenientes de los saldos disponibles del Fondo de Ahorro Pensional territorial FONPET, se destinarán a inversión en vivienda rural ($1.1 mil millones) e infraestructura educativa ($888 millones).

Adicionalmente, el OCAD Paz viabilizó 80 proyectos por valor de $409, los cuales corresponden a 71 proyectos de infraestructura de vías terciarias ($383 mil millones), dos proyectos para garantizar el servicio básico de acueducto y alcantarillado ($7 mil millones) y siete proyectos para la electrificación en zonas rurales ($19 mil millones). Estos proyectos viabilizados al haber cumplido con todos los requisitos legales, y de la convocatoria n° 1 de 2018, podrán ser financiados con fuentes distintas de regalías y con recursos del OCAD Paz, en el corto plazo, en caso de cumplir con los criterios de priorización que determinó la Ley del Plan Nacional de Desarrollo.

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OCAD Paz aprobó 26 proyectos por $110.000 millones

Durante su encuentro con el Consejo Gremial Nacional (CGN), el Presidente Iván Duque calificó como positivo el balance de los recientes informes de las calificadoras de riesgo, los avances del crecimiento económico y la producción en Colombia. 

Según el presidente del CGN, Jorge Enrique Bedoya, los resultados son positivos a pesar de los choques externos y que la economía del país se mantiene en crecimiento. “Desde el CGN creemos que el país tiene que enfocarse en los temas de la economía y no politizar la discusión sobre los temas fundamentales del sector productivo nacional”.  

El dirigente gremial destacó que durante la reunión con el Primer Mandatario se trataron temas como el compromiso de articular el trabajo entre el Gobierno y el sector privado de cara a encontrar medidas que continúen fortaleciendo la generación de empleo en Colombia, el desarrollo económico y resolver los cuellos de botella que existen en los diferentes sectores de la producción para que puedan seguir avanzando. 

“El crecimiento de la economía, la inversión extranjera y los resultados de crecimiento son satisfactorios, no son los que se necesitan pero a pesar de los choques externos el país mantiene una senda de crecimiento”, sostuvo. 

Bedoya añadió que durante la reunión también se habló sobre los informes de las calificadoras de riesgo y las decisiones de las mismas sobre la calificación soberana del país.

“El hecho de mantener el grado de inversión es una noticia muy positiva para el país, lo que hay es que concentrarse en seguir diseñando, modificando o mejorando políticas que conduzcan a una mayor rentabilidad, generación de empleo y en un crecimiento que beneficie a todos los colombianos” 

Finalmente, el presidente del CGN agregó que “en el Consejo Gremial, donde están los generadores de empleo, lo que se ve es un ánimo inversionista y la confianza de los consumidores, a pesar de que algunos sectores no tienen el crecimiento esperado y en otros hubo contracciones, son este tipo de reuniones las que nos permiten encontrar cuáles son los mecanismos que contribuyan a dinamizar los sectores”.

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Ya que la primera subasta de energía de largo plazo del Gobierno no tuvo un final feliz y no logró cumplir con algunos requerimientos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), y por ende no fueron adjudicados los proyectos, la ministra de minas y energía, María Fernanda Suárez, informó que en esta oportunidad, la cartera  decidió no establecer una demanda objetivo para la nueva subasta.

“La reglamentación todavía está en discusión y ahí tenemos que mantener un equilibrio para asegurar que una demanda objetivo no vaya a ir en contravía del precio”, dijo Suárez. 

Hace unos días, la cartera de Minas y Energía publicó para consulta el respectivo proyecto de resolución mediante el cual convocó  la segunda subasta de contratación de largo plazo para proyectos de generación de energía eléctrica (subasta de renovables) y las observaciones y comentarios sobre esta serán recibidas hasta este 28 de mayo.

Con esta subasta de energía de largo plazo, el Gobierno tiene como objetivo diversificar la matriz energética del país, incorporando nuevas fuentes de generación como la solar y la eólica.

La primera subasta que tuvo lugar a inicios de este año, aunque fue concurrida, no logró cumplir con algunos requerimientos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas Creg, y por ende no fueron adjudicados los proyectos.

La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) se encargará de implementar el proceso de adjudicación de esta nueva subasta a más tardar el 30 de septiembre de este año.

El período de vigencia para los contratos de energía a largo plazo que serían adjudicados en esta subasta será de 12 años, mientras que  el inicio de las obligaciones de los proyectos de generación que sean adjudicados quedaron establecidos hasta el primero de enero del 2022.

“En el Plan Nacional de Desarrollo tenemos temas fundamentales para que la matriz energética pasé a tener 10% de energía renovables, hay incentivos tributarios hay obligación a la demanda, hay transferencias eléctricas y hay temas para agilizar todo el tema de trámites”, puntualizó.

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Gobierno no pondrá meta objetivo para próxima subasta de energías renovables no convencionales

Colombia concluyó el ciclo de evaluación por parte de las calificadoras de riesgo con un balance positivo según reportó el Ministerio de Hacienda. En lo corrido del año, cuatro agencias calificadoras (Moody’s, Fitch Ratings, Rating & Investment, y DBRS), ratificaron la calificación de la deuda a largo plazo en moneda extranjera de Colombia en BBB, un escalón por encima del grado de inversión.

Por su parte, Moody´s cambió la perspectiva de calificación del país de negativa a estable, R&I y DBRS mantuvieron la perspectiva de la calificación en Estable, mientras que Fitch la revisó de Estable a Negativa.

Tras las decisiones de las calificadoras de riesgo, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla reiteró el compromiso del Gobierno para adelantar las políticas que permitan reactivar el crecimiento económico, reducir el déficit fiscal, estabilizar la deuda pública y mantener un ambiente propicio para la inversión.

“Los mercados financieros internacionales tienen confianza en la economía colombiana que ya empieza a mostrar resultados de recuperación”, dijo el Ministro Carrasquilla.

Por su parte el director de Crédito Público, César Arias, dijo que estas decisiones sobre la calificación soberana del país son muy importantes ya que no solo tienen unos efectos prácticos para el Gobierno y para las empresas, sino que también benefician a los hogares colombianos. “Cuando los mercados ratifican su confianza en la economía colombiana nosotros podemos acceder a menores costos financieros y a plazos más largos en la financiación”. 

Arias agregó que un ejemplo muy concreto de esto es el mercado de las hipotecas, “en la medida que Colombia ha venido haciendo las cosas bien y esto ha sido ratificado por los inversionistas, pasamos de ver hipotecas de 5 años, a 10 años y a 15 años, e incluso podemos ver créditos hipotecarios a 20 años en tasa fija”. 

La cartera de Hacienda resaltó que Colombia se destaca hoy como el país con grado de inversión que más creció (2,8%) en América Latina en el primer trimestre del año, superando a las economías de Chile (1,6%), México (1,3%) y Perú (2,3%), de acuerdo con la última información disponible.

 

 

 

 

 

 

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Decisión de calificadoras de riesgo también beneficia a los hogares colombianos: Director de Crédito Público

Colombia concluyó el ciclo de evaluación por parte de las calificadoras de riesgo con un balance positivo según reportó el Ministerio de Hacienda. En lo corrido del año, cuatro agencias calificadoras (Moody’s, Fitch Ratings, Rating & Investment, y DBRS), ratificaron la calificación de la deuda a largo plazo en moneda extranjera de Colombia en BBB, un escalón por encima del grado de inversión.

Por su parte, Moody´s cambió la perspectiva de calificación del país de negativa a estable, R&I y DBRS mantuvieron la perspectiva de la calificación en Estable, mientras que Fitch la revisó de Estable a Negativa.

Tras las decisiones de las calificadoras de riesgo, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla reiteró el compromiso del Gobierno para adelantar las políticas que permitan reactivar el crecimiento económico, reducir el déficit fiscal, estabilizar la deuda pública y mantener un ambiente propicio para la inversión.

“Los mercados financieros internacionales tienen confianza en la economía colombiana que ya empieza a mostrar resultados de recuperación”, dijo el Ministro Carrasquilla.

La cartera de Hacienda resaltó que Colombia se destaca hoy como el país con grado de inversión que más creció (2,8%) en América Latina en el primer trimestre del año, superando a las economías de Chile (1,6%), México (1,3%) y Perú (2,3%), de acuerdo con la última información disponible.

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MinHacienda celebra decisión de calificadoras  de riesgo y reitera compromiso de política fiscal

Otra en pronunciarse este jueves, fue la calificadora de riesgo Fitch Ratings que decidió mantener estable la nota de Colombia en BBB, pero la perspectiva la rebajó desde estable a negativa .

A opinión de Fitch, la perspectiva negativa de Colombia refleja los riesgos para la consolidación fiscal y la trayectoria de la deuda pública, el debilitamiento de la credibilidad de la política fiscal y el aumento del riesgo de desequilibrios externos. 

Fitch espera que la reducción de los ingresos fiscales del Gobierno a partir de 2020, junto con los rígidos compromisos de gasto, haga el ajuste fiscal adicional necesario para estabilizar y luego reducir gradualmente la deuda / PIB de las administraciones públicas, que al 42,3% del PIB en 2018 ya está por encima del la media 'BBB' actual de 37.5% y se espera que continúe divergiendo de la mediana, en ausencia de una consolidación fiscal más rápida.

Las revisiones frecuentes del presupuesto a mediano plazo en los últimos años, la reciente dilución en el Congreso de medidas permanentes de recaudación de ingresos fiscales en medio de demandas de gastos rígidas y reservas fiscales relativamente bajas están reduciendo la previsibilidad y credibilidad de la política fiscal a mediano plazo. Además, las métricas externas de Colombia se están deteriorando en medio de un mayor déficit en la cuenta corriente, una menor liquidez externa y el aumento de la deuda externa neta.

Fitch espera que la Ley de Financiamiento aprobada en 2018 debilite los ingresos del Gobierno. La reforma inicial incluyó reducir las tasas de impuestos corporativos, aumentar los impuestos a la renta personal y ampliar la base del impuesto al valor agregado (IVA).

En medio de la oposición legislativa, el Congreso eliminó o modificó muchos elementos clave de la reforma, en particular la extensión del IVA a los alimentos básicos. Por lo tanto, la factura final rendirá aproximadamente la mitad de los ingresos de la propuesta original, aproximadamente el 0.7% del PIB. Los recortes a las tasas de impuestos corporativos y los incentivos para las inversiones de capital incorporados en la ley comenzarán a tener un impacto negativo en los ingresos fiscales en 2020, con una reducción de alrededor del 0,8% del PIB (y seguirán cayendo en 2021-2022 a medida que las tasas de impuestos corporativos continúan Ser cortado).

Las pérdidas de ingresos en virtud de la Ley de Financiamiento dificultarán la consolidación fiscal. Los ingresos perdidos serán difíciles de compensar con la administración tributaria planificada del Gobierno y los esfuerzos contra la evasión, según la opinión de Fitch.

Para llenar la brecha presupuestaria, el gobierno propone vender activos estatales, así como ajustar los gastos y mejorar la administración de efectivo. Fitch espera que el Gobierno cumpla con sus objetivos para 2019 y 2020, pero solo cuando las ventas de activos se incluyan en sus ingresos (casi el 0.6% del PIB en cada año).

Sin embargo, estos ingresos no se repetirán y, para lograr un aumento sostenible de los ingresos y cumplir con los objetivos de consolidación fiscal a medio plazo, probablemente se necesitarían más ajustes de la política fiscal para construir la base de ingresos no petroleros (aunque los ingresos del petróleo han aumentado en los últimos dos años debido a las mejoras de productividad en Ecopetrol y algunos repuntes en los precios del petróleo, los ingresos del Gobierno todavía son vulnerables a los shocks de precios del petróleo) . Actualmente hay poco interés político para una reforma fiscal, aunque los gobiernos sucesivos han establecido un historial de aprobación de varias facturas de impuestos en las últimas dos décadas.

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Fitch Ratings mantiene calificación de Colombia en BBB, pero cambia perspectiva a negativa

Foto: Pixabay 

Este jueves, Moody's Investors Service cambió la perspectiva de la calificación de Colombia a estable desde negativa, al mismo tiempo, afirmó las calificaciones de emisor en moneda local y extranjera a largo plazo del país en Baa2. Las calificaciones de corto plazo en moneda local y extranjera también se confirmaron en Prime-2 (P-2).

Según la calificadora, los impulsores clave para la afirmación de la nota crediticia del país y el cambio de perspectiva son:

1. La recuperación de la actividad económica y los esfuerzos de consolidación fiscal por parte de la administración actual probablemente estabilizarán la carga de la deuda del Gobierno;

2. El perfil crediticio de Colombia se mantiene alineado con sus pares de Baa2 y es más sólido que el de sus pares de Baa3, incluso después del deterioro observado tras el shock de los términos de intercambio en 2015-16.

Los techos de bonos y depósitos a largo plazo en moneda extranjera de Colombia se mantienen sin cambios en A3 y Baa2, respectivamente. Los techos de bonos y depósitos a corto plazo en moneda extranjera siguen siendo Prime -2 (P-2). Los techos a largo plazo de bonos y depósitos en moneda local siguen siendo A2.

En opinión de Moody's, las medidas que la administración del presidente Ivan Duque planea implementar, acompañadas por una recuperación de la actividad económica, estabilizarán la relación deuda / PIB en los próximos años.

La economía colombiana experimentó una severa conmoción en los términos de intercambio causada principalmente por la caída de los precios del petróleo y una desaceleración significativa de la inversión. La recuperación económica comenzó en serio en 2018, con una expansión del 2,6%, frente al 1,3% en 2017. Moody's espera que la economía continúe recuperándose en 2019-2021 con un crecimiento en el rango del 3,0% al 3,5%, convergiendo hacia la tasa de crecimiento potencial del 3,5%. El desempeño económico será apoyado por el aumento de la inversión privada y el consumo, que compensará una menor contribución del gasto público a medida que el gobierno persigue la consolidación fiscal.

A su vez, Moody's espera que el Gobierno cumpla con el objetivo de déficit fiscal de este año del 2,7% del Producto Interno Bruto (PIB) establecido por la regla fiscal, un aumento en los ingresos del Gobierno este año después de la reforma fiscal aprobada en diciembre de 2018, además de la decisión de las autoridades de controlar el gasto congelando una parte del presupuesto de 2019, apoyará esta meta.

La agencia señala que la disminución prevista en los ingresos para los próximos años como consecuencia de la reducción en las tasas de impuesto a las ganancias corporativas y varias exenciones de IVA incluidas en la reforma fiscal del año pasado impugnará la consolidación fiscal adicional de acuerdo con los objetivos establecidos por la regla fiscal a partir de 2020. Sin embargo, las iniciativas relacionadas con la reducción de la evasión fiscal y los esfuerzos para contener el crecimiento en categorías de gastos como los subsidios, apoyarán una disminución gradual de los déficits fiscales. Por lo tanto, Moody's espera que los déficits fiscales se mantengan por debajo del 3% del PIB, lo que implica pequeños excedentes primarios. Este escenario de referencia es apoyado por las autoridades

El escenario de referencia de Moody's es que la economía se expandirá a tasas anuales superiores al 3.0% y que los déficits del gobierno central estarán por debajo del 3% del PIB durante 2019-2021. Esto apoyará la estabilización de su carga de deuda en un 49% del PIB.

El crecimiento económico de Colombia había sido más fuerte que la mediana para los pares con calificación Baa hasta 2014, es decir, justo antes de la fuerte caída en los precios del petróleo. Debido a la magnitud del shock en los términos de intercambio en 2015-2016, que se intensificó con una disminución en la confianza de los consumidores y las empresas, el desempeño económico de Colombia empeoró significativamente en 2015-2017. Moody's pronostica que el crecimiento del PIB convergerá gradualmente a su nivel potencial de 3.5% en 2018-2020. En ese nivel, el desempeño económico de Colombia se alineará con la mediana de los soberanos con calificación Baa. Moody's también señala que las perspectivas de crecimiento de Colombia son más favorables en comparación con el crecimiento promedio del PIB de sus pares calificados en Baa3 del 2,3% en 2018-20.

Las mediciones de la deuda del Gobierno de Colombia empeoraron en años anteriores con una carga de la deuda del gobierno general que aumentó a 52.6% del PIB en 2018 desde 39.6% en 2013. Este deterioro fue impulsado por grandes déficits fiscales, débil crecimiento económico y el efecto de la fuerte depreciación del tipo de cambio. Especialmente en 2014-16. Como Moody's espera que la carga de la deuda se estabilice en torno a los niveles actuales, el índice de deuda superará la mediana de los pares calificados en Baa2, que los proyectos de Moody's alcanzarán el 44% del PIB en 2019-20. Sin embargo, Moody's señala que la carga de la deuda del Gobierno se mantendrá por debajo de la mediana para los pares calificados en Baa3, que prevé alcanzar un promedio del 61% del PIB en 2019-2020.

La carga de intereses de Colombia, medida como la relación entre los ingresos por intereses y el gobierno, también ha empeorado a 10.8% en 2018 desde alrededor del 8% en 2013-14. Esto refleja principalmente la pérdida de ingresos debido a los menores precios del petróleo y el estancamiento de los ingresos fiscales a pesar de las múltiples reformas realizadas a lo largo de los años. Sin embargo, con el 12.2% de los ingresos en 2019-2020, la carga de intereses de Colombia se alineará con Indonesia (Baa2 estable; 13.4%) y Filipinas (Baa2 estable; 12.6%), y será significativamente inferior a la India (Baa2 estable; 22.0%).

La perspectiva estable refleja la opinión de Moody's de que los riesgos a la baja y al alza están ampliamente equilibrados ahora que las perspectivas de crecimiento a mediano plazo y el compromiso con la consolidación fiscal evitarán una erosión en la fortaleza fiscal del país. Esta última fue una preocupación clave por la decisión de asignar una perspectiva negativa en febrero de 2018.

La perspectiva también incorpora la opinión de la agencia de calificación crediticia de que los riesgos derivados de las cuentas externas del país permanecerán contenidos. Moody's espera que el déficit de la cuenta corriente se mantenga en torno al 4% del PIB, y que los flujos netos de inversión extranjera directa proporcionen una fuente estable de financiamiento para la brecha externa. La agencia también considera que el tipo de cambio flotante de Colombia y el amortiguador provisto por las reservas de divisas del país (15.5% del PIB a marzo de 2019) mitigan los riesgos planteados por las cuentas externas.

Habría una presión al alza sobre la calificación si el Gobierno redujera los déficits fiscales de manera sostenible, abordando los desafíos derivados de la baja recaudación de impuestos de Colombia y la rígida estructura de gastos. El crecimiento económico en su nivel potencial de 3.5% o un potencial de mayor crecimiento y desequilibrios presupuestarios inferiores a los esperados, que conducirían a una disminución de los índices de deuda pública, también ejercerían una presión al alza sobre la calificación.

El aumento de los ingresos del Gobierno también ayudaría a mejorar la asequibilidad de la deuda, donde Colombia se queda atrás en la mayoría de sus competidores. Reforzar el marco de la política fiscal, incluidos aspectos como la regla fiscal, el presupuesto y la asignación de recursos entre los diferentes niveles de gobierno, también sería positivo para el crédito.

Por el contrario, la presión a la baja en la calificación probablemente resultaría de un déficit primario continuo, lo que podría llevar a un aumento persistente en los indicadores de deuda del Gobierno. Otro golpe severo para el crecimiento económico también puede ejercer una presión a la baja en la calificación dado que las métricas ya se han deteriorado.

Surgiría una presión negativa adicional si el déficit de la cuenta corriente se ampliara y si el país dependiera más de las entradas de deuda externa para financiar la brecha, y si esto provocara un debilitamiento de las reservas externas del país.

 

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Moody's mantiene calificación de Colombia en BAA2 y cambia outlook a estable desde negativo.

El Presidente de la República, Iván Duque, confirmó que la Reforma Pensional o Reforma de Protección a la Vejez como la llamó el Gobierno, se presentará a finales de este año o inicios del próximo, “esta reforma es fundamental para el país y nosotros hemos dicho como Gobierno que la presentaremos después de un proceso de concertación”.

Duque resaltó que la base fundamental de esa reforma es no aumentar la edad de jubilación de los colombianos que actualmente es de 57 para las mujeres y 62 para los hombres, “el problema no es ese, el problema no está en golpear el sistema de cotizaciones. La solución está primero en cobertura y la cobertura está ligada también de un mejor entorno empresarial”.

El Primer Mandatario dijo que es fundamental formalizar el empleo en el país, ya que, si no se hace, no se le puede poner fin a la descompensación que existe en el sistema pensional del país en el cual hay 22 millones de personas ocupadas y solamente cotizan 8 millones.

“Lo otro es el sistema de subsidios, donde se tendrán que hacer los cortes para que nadie se vea afectado. Hay decir con claridad que la mayor parte de los subsidios se está quedando en la población más rica y se necesita que haya mucha más equidad, para que los subsidios vayan a quienes más lo necesitan”, puntualizó el Jefe de Estado.

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Presidente confirma que presentarán Reforma Pensional en Colombia a finales de este año o inicios de 2020

El Banco de la República presentó el Informe de Estabilidad Financiera correspondiente el primer semestre de 2019. En el marco de la presentación, el director del departamento de estabilidad del Emisor, Daniel Osorio, destacó que a noviembre de 2018, el indicador de Carga Financiera disminuyó, pasando de 16% a 15,4%. 

El director explicó que esto quiere decir que de cada $100 de ingresos, los hogares colombianos están destinando para el pago de cuotas de sus deudas una suma $15,4. 

De otro lado, el documento resalta que el endeudamiento de los hogares colombianos, que venía exhibiendo una expansión moderada desde inicios de 2016, presentó una aceleración en el último año. Según el Emisor, la cartera de vivienda es la que ha mostrado el mayor crecimiento y ha liderado la expansión en los últimos cuatro años. 

El documento destaca además que a marzo de este año, la cartera destinada a los hogares se ubicó en $228 billones, registrando un crecimiento anual de 7%, la más alta desde marzo de 2017. 

Osorio, explicó que del total del endeudamiento de los hogares colombianos, aproximadamente dos terceras partes corresponden a préstamos de consumo y la restante a vivienda. “la disminución en el Indicador de Carga Financiera se explica por la disminución de tasas de interés, un mayor plazo en los créditos y un mayor crecimiento de la economía colombiana”. 

La cartera de vivienda, según el Emisor, se expandió al 8,5%, superior al promedio de los últimos cuatro años. Por su parte, la cartera de consumo mostró una recuperación ion durante el último semestre, registrando un crecimiento de 6,1% a marzo de 2019. 

“Esta aceleración se explicó por el desempeño de los segmentos de vehículos, libranza y libre inversión, siendo este último el que registró la mayor tasa de crecimiento intento, así como la  aceleración más pronunciada”, dice el reporte. 

De otro lado, para la cartera de vivienda los préstamos denominados en pesos destinados para vivienda de interés social (VIS) como para vivienda no VIS, los cuales tienen la mayor representatividad en esta cartera, registraron aceleraciones en el último año. 

Por su parte, los créditos denominados en UVR para adquisición de VIS presentaron estabilidad en su crecimiento, mientras que los no VIS registraron un mejor desempeño, peses a la volatilidad observada en el último periodo.

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De cada $100 de ingresos, colombianos destinan $15,4 al pago de deudas: BanRep 
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